LAB, ELA, CCOO, UGT, STEILAS, ESK, EHNE, HIRU y Etxalde, reunidos bajo el impulso del Foro Social, queremos manifestar a la sociedad vasca nuestra posición de suscribir el importante acuerdo tomado hoy en las Juntas Generales de Araba con relación a la política penitenciaria y, en especial, en lo relativo al acercamiento a cárceles vascas de las personas presas.
Este acuerdo cierra el círculo de resoluciones en las tres Juntas Generales del territorio tras los acuerdos tomados en Juntas Generales de Gipuzkoa el 14 de diciembre 2016 y en Bizkaia el 7 de junio de 2017.
Hacemos nuestro el acuerdo siguiente:
“Los sindicatos firmantes, apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principios de reinserción y resocialización de las mismas, manifiestan su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento y en este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, entienden necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de su derecho a estar con sus progenitores”.
Los sindicatos firmantes reiteramos nuestra declaración del 5 de abril 2017 en Bilbao: “Como organizaciones sindicales, tenemos una responsabilidad en la superación de las secuelas que tantas décadas han dejado. Entre ellas desarmar la palabra, encauzar democráticamente y civilizadamente nuestras legítimas diferencias y prestigiar el diálogo y la negociación como modo de gestionar las disputas, constituyen también un reto para nuestras organizaciones”.
En consecuencia, nos comprometemos a seguir explorando las vías de diálogo necesario con las instituciones, los partidos políticos y otras organizaciones de la sociedad civil para lograr un consenso suficiente, transversal e inclusivo, que permita acordar en los aspectos relativos a la política penitenciaria con el fin de que esta se adapte al nuevo tiempo político.