El ataque iniciado con motivo del referéndum del 1 de octubre se ha prolongado en los últimos meses con la aplicación del artículo 155; a día de hoy, no contento con ello, Madrid continúa despreciando la palabra y la decisión de Catalunya. Las elecciones del pasado 21 de diciembre se celebraron en una situación de excepción, convocadas por el propio Gobierno español; a pesar de ello, tampoco se ha respetado el resultado, disconforme con la mayoría obtenida por las opciones soberanistas. La jornada de hoy nos ha deparado otro ejemplo de la negación que sufre Catalunya. No se ha permitido investir como presidente a Carles Puigdemont, pese a ser nombrado candidato por la la mayoría del Parlament. No se ha permitido celebrar el propio pleno de investidura, ante las amenazas provenientes de Madrid.
El pueblo catalán ya ha hablado y el Parlamento debe constituirse en base a ello, una circunstancia de lo más natural en caso de que se aplicara el ejercicio democrático más básico. El Gobierno español, en cambio, ha vuelto a vulnerar las reglas de juego democráticas más elementales, puesto que, además de torpedear la legitimidad del Parlament, sigue sin reconocer la decisión de la mayoría social y democrática de Catalunya. Hemos escuchado una y otra vez que todos los proyectos políticos eran defendibles. Pues bien, queda claro que España no reconoce el derecho a decidir y tampoco lo respeta. En esto coincide la nueva troika del régimen compuesta por PP, PSOE y Ciudadanos.
El futuro es preocupante. La oferta del Estado español es perpetuar la situación de dependencia o profundizar en ella. Hay una única alternativa: poner en marcha una estrategia para conseguir la soberanía como pueblo. Existe una amplia mayoría social impulsando y apoyando el proceso, por lo que se debe seguir en ese camino con la movilización como herramienta fundamental.
En el caso de Euskal Herria, el reto pasa por fomentar el proceso soberanista desde la izquierda. Para ello, es momento de tomar nuevas decisiones y trabajar alianzas.