Ante todo esto y para empezar decir que LAB no comparte en absoluto la orientación de esas opiniones. De hecho partimos de la constatación de que en aquellos lugares – como por ejemplo los Estados Unidos – en los que se apuesta por un modelo penal y policial de represión y mano dura, las tasas de violencia y delincuencia en las calles son muy altas.
LAB entiende que si verdaderamente queremos evitar este tipo de sucesos deberíamos ir a la raíz del problema, hacer un buen diagnóstico de por qué están sucediendo y solucionar el problema en su origen. Si hiciéramos esto nos daríamos cuenta de que detrás de estos trágicos sucesos se encuentran realidades sociales de precariedad y exclusión social, y que si queremos combatirlos deberíamos apostar por fortalecer nuestro sistema educativo y de protección social (junto con la construcción, por supuesto, de un modelo socioeconómico justo que erradique las diferencias y favorezca un reparto equitativo de la riqueza).
Últimamente estamos asistiendo a declaraciones políticas interesadas que pretenden difundir la falsa imagen de que, en la CAV, estamos en fase de recuperación económica, llegando incluso a negar la máxima, y a negarse a ver las preocupantes realidades sociales y grandes bolsas de precariedad y exclusión social existentes a lo largo y ancho del territorio de Bizkaia.
Y a este respecto, y desde lo que como LAB conocemos, no podemos decir que la Diputación sea en absoluto un ejemplo:
· El III Plan de Infancia para la atención de las situaciones de desprotección en Infancia y Adolescencia (2016-2019) no termina de ver la luz a pesar de lo vital que resultan sus apuestas (mejorar la organización y gestión del Servicio de Infancia, materializando las inversiones materiales y de contratación de personal necesarias, garantizar y mejorar la calidad del servicio que se presta…)
· Por otra parte, una gran parte de la atención a menores en situación de desprotección se subcontrata. En octubre del 2017, sólo el 15% de las residencias para menores eran de gestión directa. Las consecuencias de ese proceso de privatización son altamente perjudiciales: la Diputación pierde control sobre una cuestión que es de su directa responsabilidad, condiciones laborales precarias para las personas que trabajan en esos centros, …
· Para terminar, pensamos que faltan recursos en el sistema para poder detectar a tiempo situaciones de desprotección de menores, y para poder después intervenir con planes de recuperación afectiva, social y educativa. Queremos recordar que, por poner un ejemplo, LAB lleva tiempo denunciando en esta institución la falta de recursos en el Servicio de Infancia, y en la Unidad de Acogimiento Residencial del IFAS, y reclamando que se invierta, entre otras cosas, para poder terminar con las altas cargas de trabajo y la preocupación que sufren quienes, en todas las categorías, trabajan en esos servicios.
Por todo esto, queremos hacer un llamamiento a reflexionar serena y seriamente sobre este tema, dejando de lado medidas de endurecimiento policial y/o judicial. Y hacer un llamamiento principalmente a las instituciones competentes para que se apoye y escuche a organizaciones sociales, y profesionales que trabajan en los servicios sociales, y para que adapte la orientación de su política social y sus prioridades a las conclusiones que de esa reflexión colectiva se desprendan, invirtiendo en más recursos para la intervención y protección social.
Finalmente, queremos subrayar y agradecer a todas esas personas de la Diputación, que desde diferentes puestos y responsabilidades, educadores, psicólogas, administrativos, terapeutas o cualquier otra función, están haciendo una labor impagable, con unos recursos a todas luces insuficientes. Asimismo, es nuestro reto y compromiso convertir a las trabajadoras del sector en sujeto activo en favor de sus derechos y la construcción de un sistema de protección social justo y sólido.