Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Aprovechando esta fecha, LAB ha denunciado en Servicios Centrales de Osakidetza las políticas de privatización que se están llevando a cabo en este área sanitaria mediante una concentración con el lema “Nuestra Salud Mental, Vuestro Negocio”
Amaia Etxebarria y Eva Casi, delegadas de LAB en la Red de Salud Mental de Araba, han escrito el siguiente artículo de opinión en relación al ámbito de la salud mental:
El 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental y pese a que nuestros gobernantes piensen que los sindicatos y demás agentes sociales no les dejamos gestionar en paz, hay que felicitar a Osakidetza por su loable intento de acabar con el tradicional modelo «manicomial» e ir a un modelo que, según Darpón, «basa su atención en el Modelo Comunitario, un modelo asistencial y organizativo fundamentado en la normalización asistencial, la cercanía de los servicios, la integración en la comunidad de las personas que sufren enfermedad mental, y la erradicación del estigma y la discriminación en la que se ven envueltas».
Bajo esta premisa, la Red de Salud Mental de Araba, se encuentra en pleno proceso de reorganización. El problema surge cuando se pretende desinstitucionalizar a los y las pacientes, sin tener preparado previamente un sector socio-sanitario público adecuado, y cuando en Osakidetza «hacer más por menos» es el mantra que repiten cada vez que son interpelados sobre la necesidad de dotar a la salud mental de los recursos materiales y humanos necesarios para hacer frente a la cronicidad, la vejez y la dependencia.
Para LAB, no se puede llamar sector socio-sanitario a empresas privadas (residencias, mini residencias y pisos) que, como es obvio, buscan obtener beneficios económicos y por tanto, no se puede confiar mucho en la calidad de sus servicios por muchas garantías que se les exijan al contratarlas. Además, cuando los y las profesionales de la propia Osakidetza se desplazan a estos recursos privados porque carecen del personal adecuado para atender a la enfermedad mental, con el esfuerzo de coordinación que implica el seguimiento de la evolución del o la paciente, supone un doble copago de la sanidad, puesto que además estas empresas se financian con la aportación de Osakidetza, Diputación y el o la paciente o su familia.
Por otro lado, nos gustaría describir el estado de las cosas en las tres redes de salud mental en la CAV. En Araba, aunque se han hecho avances en la rehabilitación del paciente de cara a que pueda llevar una vida lo más normalizada posible y en la humanización de la psiquiatría, los ratios de personal con los que trabajamos son insuficientes para cumplir estos objetivos. En Bizkaia el proceso aún inacabado, se dio con anterioridad, con más sombras que luces. Su apuesta por la derivación hacia el sector privado, y su racanería en aumentar los servicios públicos, ya está comenzando a pasar factura en forma de deterioro de la atención psiquiátrica. Gipuzkoa se encuentra privatizada en casi su totalidad.
Sería necesario un aumento de plantilla para garantizar en condiciones de calidad y seguridad la atención individualizada de la que tanto alardean, porque las actuales estructuras hospitalaria y extrahospitalarias carecen de los recursos materiales y humanos necesarios. El déficit de personal se resuelve con el aumento en las cargas de trabajo, las jornadas laborales repartidas en diferentes centros, y los contratos coyunturales de jornada reducida. Convendría también, como en el resto de la atención sanitaria, fortalecer la Atención Primaria para una mejor detección de la enfermedad, así como descentralizar la atención especializada para hacerla más accesible a la ciudadanía, sobre todo cuando en las patologías mentales es muy frecuente la baja adherencia al tratamiento.
Desde LAB Osakidetza somos conscientes de la necesidad de acabar con el antiguo modelo de atención sanitaria, en el cuál los hospitales psiquiátricos eran residencias para enfermas y enfermos mentales crónicos. En este modelo, era el propio sistema el que los cronificaba y aislaba de la sociedad. Pero lo que estamos constatando es que, como con el resto de enfermedades crónicas, el llamado empoderamiento del o de la paciente mediante programas de «autogestión de la salud» se traduce en quitarse de encima una tarea que, en primera instancia, compete a las y los profesionales de la sanidad.
Cuando comenzaron las políticas de austeridad en inversión pública para rescatar a los bancos, Urkullu nos advirtió de que «el Estado del Bienestar que hasta ahora conocíamos es insostenible». En la práctica, esto se traduce en el desmantelamiento del sector público en favor de las empresas privadas. La salud, por el volumen de negocio que tanto en servicios directos como subsidiarios, supone un codiciado botín. No debemos permitir que el desconocimiento y la estigmatización de las patologías mentales les hagan más fácil el saqueo.