2024-11-22
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Hemos reivindicado el derecho a una alimentación sana

La Soberanía Alimentaría es nuestra propuesta, siendo la pesca y la agricultura sostenible las que posibilitan poder llevar a la práctica la propuesta política y el ejercicio del derecho a una alimentación sana. Es por ello que debemos seguir insistiendo en los valores de una agricultura y pesca sostenibles, tal y como se recoge en el manifiesto que ha presentado hoy la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Junto con el manifiesto, hemos dado a conocer también la aplicación para móvil, denominada Etxalde, con la que se podrá identificar en qué medida es fresco, local y de calidad el alimento que adquirimos al realizar la compra.

Este es el manifiesto presentado hoy por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria:

GARANTIZAR EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN SANA A TRAVÉS DE UNA AGRICULTURA Y PESCA SOSTENIBLE

El derecho de cualquier persona a una alimentación sana es una reivindicación que debemos poner en valor como derecho humano. La función de las personas baserritarras y pescadoras es ser productoras y servidoras de alimentos, no de materia prima barata para la industria transformadora. Esa es una aportación esencial para la construcción de cualquier país y la articulación de una sociedad más justa e igualitaria que responda a las necesidades de la ciudadanía.

La Soberanía Alimentaría es nuestra propuesta para garantizar el derecho a una alimentación sana, siendo la pesca y la agricultura sostenible las que posibilitan poder llevar a la práctica la propuesta política y el ejercicio del derecho a una ali- mentación sana. Es por ello que debemos seguir insistiendo en los valores de una agricultura y pesca sostenibles.

La Soberanía Alimentaria implica:

– Garantizar el reparto de la producción entre el mayor número de baserritarras y arrantzales posibles.
– Recuperar y salvaguardar la tierra y el agua para nuevas incorporaciones, así como poner los bienes comunes a disposición de las personas productoras de alimentos.
– Producir y servir alimentos de calidad y en cantidad suficientes para alimentar a la población respetando el medio ambiente.
– Avanzar hacia la máxima autonomía en los procesos de producción y pesca, transformación y comercialización, así como en la construcción del precio final.
– Dirigir nuestra producción al mercado interno huyendo de la conquista de mercados exteriores, propiciando otras relaciones económicas en base a la solidaridad, complementariedad y comercio justo.
– Ser parte activa del desarrollo local de nuestros pueblos y comarcas, compartiendo reflexiones a medio y largo plazo sobre dicho desarrollo.
– La transparencia, la confianza y la ética son los principios que deben acompañar a la pesca y agricultura sostenible en la tarea de alimentar al conjunto de la población, haciéndola participe de esta construcción.

La Soberanía Alimentaria, además de su carácter local, está ligada al modelo de producción. No es compatible con una agricultura intensiva e industrializada y una pesquería extractiva sin límites biológicos, aunque sea local. No es posible seguir impulsando la agricultura de dos velocidades; una producción mayoritaria en modelos intensivos e industrializados, y una producción más sana (ecológica) en un menor porcentaje. En la misma dirección, en la política pesquera no es posible seguir explotando por encima del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). La eliminación de los descartes y la pesca con artes selec- tivas son incuestionables; dando prioridad a la extracción de los peces mediante métodos artesanales respetando el medio.

La falta de sentido de una carrera productiva sin límites se visualiza por ejemplo con el proyecto de las 20.000 vacas para la producción de leche en Soria, o con la decisión de Carrefour de no comercializar Panga por falta de garantías sanitarias en
su fase productiva. Seguimos proclamando que la alimentación no es una mercancía, que es un derecho básico e intrínseco de la humanidad para su propia pervivencia.

Una política alimentaria como eje de las políticas agrarias, pesqueras y públicas.

La implementación efectiva del derecho a una alimentación sana debe situar a la misma en el eje central de las sucesivas políticas públicas, agrarias y pesqueras. Queremos y debemos situarlo en el centro de nuestras propuestas de transforma- ción y desarrollo:

• Las políticas de mercado derivadas de los Tratados de Libre Comercio (CETA,TTIP,TISA,…), que obedecen a los objetivos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), atentan directamente contra el desarrollo de las políticas alimentarias locales. En lo referido a las Denominaciones de Origen, con la implementación del CETA, desaparecerían el 90% de las mismas. Avanzar en la construcción de la economía y el consumo local es el primer paso para articular un modelo de relaciones económicas basadas en el respeto.

• El derecho efectivo a una renta digna por parte de las personas baserritarras y arrantzales es equiparable al derecho a una alimentación sana y de calidad en un precio asequible. No es admisible que comer productos de calidad y locales sea visto como un lujo o una acción puntual en espacio folklóricos. Del mismo modo que no es admisible que la alimentación de personas sin recursos dependa sobre todo en el buen hacer de las personas voluntarias que trabajan en distintas asociacio- nes. Seguimos insistiendo a la administración pública que garantice la cobertura de necesidades básicas y entre ellas una alimentación sana y de calidad, no sólo a base de productos perecederos sino también de frescos. Es impresincible la puesta en marcha de un observatorio que integre, analice, evalúe y controle estas variables (renta, precios en origen y destino, ga- rantía de alimentos para las personas sin recursos).

• Es imprescindible situar la alimentación local como eje vertebrador de las políticas públicas. La creciente demanda de que la producción local esté más presente en los comedores públicos (centros escolares, hospitales, residencias, los periodos más sensibles del ciclo vital de la persona) necesita apuestas claras que marquen objetivos claros y puedan articular proce- sos de recuperación y generación de empleo en la fase productiva, además de incluirlas en la fase educacional y de cuidados de los espacios señalados. Es necesario superar los tímidos avances dadps en la gestión directa de comedores escolares a través de proyectos piloto. Es prioritario marcar objetivos a medio plazo para poder planificar las actuaciones. Proponemos que en el plazo de 5 años, al menos el 40% de la alimentación ofertada mediante compra pública sea local y de proximidad. Con el añadido de que este tipo de propuestas debieran ser parte de un banco público de alimentos, en la que la parte pro- ductora adquiera el compromiso de destinar un porcentaje (20/30%) de su producción al banco de alimentos; buscando un compromiso recíproco entre la parte productora y la administración pública. Para el desarrollo efectivo de estas iniciativas es imprescindible impulsar procesos que vayan conformando Consejos Alimentarios Locales y Comarcales.

• Para poder afrontar un proceso de cambio hacia el objetivo de alimentar de manera sana y saludable a la población, es imprescindible incorporar nuevas personas a la actividad agraria y pesquera. La creciente demanda de matriculaciones en las escuelas agrarias (la demanda supera a la oferta en la actualidad), nos sitúa ante la responsabilidad de que toda persona formada pueda tener la oportunidad de incorporarse a la actividad agraria. Del mismo modo, debemos articular propuestas de incorporación de nuevas personas en la actividad pesquera, evitando el desguace de muchos pesqueros y ofreciendo los mismos a personas que quieran iniciarse en la pesca. Mecanismos y herramientas existen, la clave se sitúa en aunar voluntades para poder avanzar en la dirección expresada.

• La actividad productiva debe ir acompañada de una fiscalidad eficaz, teniendo en cuenta la actividad agraria en su globa-
lidad, y más justa en claves sociales. Es importante señalar que la actividad agraria comprende el conjunto de trabajos que requiere la producción agraria, ganadera y forestal; incluyendo la transformación, envasado y comercialización. Del mismo debieran tributar las ayudas directas (ayudas PAC), más teniendo en cuenta que 2/3 de las personas perceptoras no están relacionada con la actividad agraria, y que el 10% de las personas perceptoras acaparan el 60% de las mismas. Por otro lado es importante incorporar al debate fiscal la posibilidad de articular una especie de “tasa alimentaria” para los alimentos industrializados y de dudoso contenido nutricional.

• La comunicación debe responder a criterios educativos, de responsabilidad y de transparencia. Consumir no debe ser el objetivo central de la comunicación, debe implementar con mayor determinación el eslabón de la alimentación y su pro- ducción en la parte educativa. En las normas relativas a la publicidad de los productos alimenticios se deben incorporar objetivos de interés general en cuanto a nutrición de la población. Por otro lado los vínculos entre la dieta y la salud son muy importantes, y es necesario ampliar esa información sobre los alimentos de manera objetiva y científica. Impulsar campañas de sensibilización a través de la información y formación, y avanzar en la construcción de una interlocución social más nítida sobre la alimentación y modelos de desarrollo debe ser una prioridad en nuestras dinámicas.

• Convertir el consumo en un elemento transformador es una labor eminentemente práctica y a su vez es parte de un proceso. Cada vez que consumimos también estamos ejecutando nuestro derecho a decidir. En lo que a la alimentación se refiere cada compra o consumo se convierte en una acción política. Los últimos años estamos observando que a la población cada vez le preocupa más los alimentos que consume. Esa simple acción individual está respondiendo cada vez con mayor claridad al concepto de “somos lo que comemos”. Darle cuerpo y solidez a estas tendencias debe ser una prioridad, tanto desde el ámbito individual y colectivo como desde el ámbito público y privado.
 

 

 
 

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