En este sentido, las y los medicos forenses seguiran movilizandose hasta que no se cumplan sus reivindicaciones:
• EQUIPARACIÓN.
Se trata de una reivindicación histórica de los médicos y las médicas forenses. Desde la transferencia están pidiendo la equiparación al nivel mínimo que perciben los médicos de Osakidetza; por supuesto, con la consiguiente traslación a las tablas retributivas de la Administración General del Gobierno Vasco. Ya en 1998 hubo promesas de que eso iba a ser así, pero los años han ido pasando y los diferentes gobiernos no han cumplido. Cansados de falsas promesas y hartos de mentiras, el colectivo de médicos forenses inician las acciones en pos de la equiparación, apoyados por la totalidad de la representación sindical de la Administración de Justicia de la CAV.
El consejero Ercoreca en sede parlamentaria reconoció que el Gobierno Vasco tiene una deuda histórica contraída con este colectivo y, por consiguiente, que tienen la obligación de satisfacer. Nos encontramos con la primera mentira del señor Ercoreca ya que, a través del Director de la Administracion de Justicia, presentó una propuesta que consistía en rebajar los salarios de todos los médicos forenses. Esa fue la guinda que ilustra claramente el talante del departamento y que generó el hastío del colectivo y la consiguiente huelga. Para aplacar las protestas, el director Jon Arturo Uriarte se ve forzado a hacer una oferta diferente. No obstante, lo que pone sobre la mesa tampoco equivale al mínimo que un médico cobra en Osakidetza y los deja a medio camino. Pero de lo que sí se preocupa es de engordar las retribuciones de los cargos de libre designación, sin que nadie se lo pida. Encima, hay que oírle decir que el problema no es económico. En definitiva, que tienen dinero pero no quieren pagar.
Esta es la situación actual: el Departamento de Justicia ha hecho su segunda y última oferta, por mucho que al director le interese decir que hay tres propuestas sobre la mesa.
Hasta la fecha, todos los médicos que han sido transferidos a la comunidad autónoma han sido equiparados a los mínimos de Osakidetza. Los médicos forenses son los únicos que no son tratados igual. Para no admitir la equiparación el Departamento de Justicia arguye que este colectivo está sujeto a la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, de momento, no existe el requisito de especialidad para ingresar en el cuerpo.
Se trata de argumentos poco convincentes, incluso maliciosos; uno, porque la LOPJ no marca cantidades finales; y dos, porque a pesar de que hoy en día el único requisito sea la licenciatura en medicina, sus funciones abarcan un varias especialidades, se sea especialista (por titulación), experto (por formación) o médico generalista.
Por poner únicamente dos ejemplos: la atención a una agresión sexual es labor del especialista en ginecología; y cuando se ocupan de los internamientos voluntarios, su diagnóstico es el del especialista en psiquiatría. Por consiguiente, las labores que realizan las y los médicos forenses abarcan varios campos de la medicina.
Es reseñable que, cuando el Gobierno Vasco asumió la competencia, a los médicos de prisiones les supuso de manera inmediata la equiparación con los médicos de Osakidetza, independientemente de que fuesen especialistas o no.
Lo grave de este asunto es que, teniendo un conflicto en la calle desde marzo y conociendo los perjuicios que está ocasionando en el servicio y a la ciudadanía, es capaz de convocar a los sindicatos a una reunión para insultar a todo el colectivo de médicos forenses. Hay que remarcar que, a diferencia de la reunión de 18 de mayo, siempre que ha existido un conflicto en la Administración de Justicia, en la mesa de negociación se ha sentado el titular de la viceconsejería, como no podría ser de otra manera si se quiere demostrar voluntad negociadora. En esta reunión a la que nos referimos, no solo no estuvo la viceconsejera Ana Agirre, si no que el director Jon Uriarte incluyó en el orden del día, entre otros temas, la futura nueva oficina judicial (nueva organización de juzgados y del personal) de Donostia, a sabiendas de que no se va a poder abordar en esta legislatura, o el cambio de perfil a una plaza de un Juzgado de Paz de Gipuzkoa cuya decisión estaba tomada. Es decir, sabiendo que el conflicto de médicos forense se debatia en Bizkaia, introdujo dos temas de Gipuzkoa utilizando a los sindicatos para luego decir en prensa que siguió negociando el resto de temas con los sindicatos “como no podía ser de otra manera”. También intentó que el conflicto con los médicos forenses se discutiera al final de la reunión, con intención de ningunear a estos trabajadores que tanta determinación están demostrando en sus reivindicaciones.
La tantas veces proclamada voluntad de acuerdo terminó apareciendo como lo que es, una frase hueca. Tanto es así que al final de la reunión, en una salida de tono intolerable, Jon Uriarte dijo que, según él, al colectivo de médicos forenses le debería corresponder la primera propuesta (la que suponía rebajar las retribuciones). No contento con eso añadió “si no lo digo reviento”; y se preguntó retóricamente a sí mismo si eso lo invalidaba para negociar y concluyó que no.
La prepotencia y el desprecio que mostró el Director de la Administración de Justicia Jon Arturo Uriarte Unzalu a los representantes del colectivo de médicos forenses, así como a las centrales sindicales, fue tal que los médicos decidieron recrudecer la huelga y hacerla indefinida; y el sindicato LAB abandonó la reunión, no solo la representante de Bizkaia también lo hicieron las representantes de Gipuzkoa y Araba. No vamos a permitir que insulten a los trabajadores y trabajadoras, ni dejar que manipulen al sindicato. El director siguió adelante con la reunión en torno a la NOJ de Donostia con el resto de sindicatos. Después de meses y meses sin convocatoria alguna de mesa de negociación, introducir con calzador en el orden del día otros temas (que podían haber esperado a otro momento) demuestra a las claras cómo desprecia a todos los colectivos que trabajamos en la Administración de Justicia. Queda pues patente qué tipo de buena voluntad y actitud negociadora tiene este departamento.
• DESCANSO DESPUÉS DE LA GUARDIA.
Este es un derecho regulado por normativa europea que el Gobierno Vasco durante años ha incumplido deliberadamente. Y por si eso fuera poco, la Dirección de la Administración de Justicia les ha venido acusando a los médicos forenses de ser culpables de la falta de descanso al no haber gestionado bien los permisos. La prueba de que el departamento no ha actuado bien es que se ha visto obligado a regular por escrito los descansos tras la guardia. A última hora saca una instrucción introduciendo mejoras para los médicos de Gipuzkoa, es decir para los que no hacen huelga, algo que el departamento hace a sabiendas de que va a conseguir enfrentar a unos contra otros dentro del colectivo. Una instrucción que insiste en diferenciar a los médicos frente a los auxiliares de autopsia. Y es que si a los auxiliares les llaman de noche, al día siguiente descansan y no tienen que acudir al trabajo. Por el contrario, los forenses siguen teniendo que ir al día siguiente al trabajo en ocasiones. Es decir, han sacado la instrucción del divide y vencerás.
• FORMACIÓN.
A raíz de las quejas del personal del Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML), en 2015 la Dirección de la Administración de Justicia se ve obligada a redactar un plan de formación. Según el colectivo, se trata de un plan vacío de contenido real. Ante las nuevas protestas, en vez de abordar un plan serio y adecuado a las necesidades que los médicos forenses plantean, la administración se dedica a recopilar documentación sobre las actuaciones realizadas estos últimos años.
Ante todo, un plan de formación debe ser equilibrado y garantizar la cualificación de todo el colectivo. Lo que más llama la atención de la documentación presentada, es que la mayor parte de cursos son los médicos forenses quienes los imparten a otros colectivos; y en otra gran parte son los propios médicos los que se tienen que costear todo. Es decir, prácticamente el departamento ni ha formado, ni ha pagado, ni na de na.
Volviendo al plan presentado, es evidente que es todo improvisación al no haber sido contrastado con las personas a las que va destinado. No se ha valorado a quiénes formar, ni qué materias son las que interesan para el objetivo que debería ser prioritario: convertir el IVML en un buen servicio público.
El Departamento de Justicia aporta un dinero, sin un diseño de en qué se va a gastar. Y con eso se queda satisfecho, sale del paso y punto.
En opinión de LAB, Jon Arturo Uriarte está incapacitado para la negociación: por prepotente; porque se estrenó en el cargo imponiendo un calendario laboral no acorde con la equiparación, lo que provocó una serie de movilizaciones y protestas en la calle; porque a lo largo de toda la legislatura ha sido el culpable de varios conflictos derivados de su intransigencia y malas artes; porque nos obliga a judicializar cualquier cuestión objeto de negociación, sin tener en cuenta las consecuencias…
Como también pensamos que la Viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, no está a la altura del cargo y sigue actuando como letrada del Gobierno Vasco, actividad que ha venido desarrollando durante los últimos años.
Por no hablar del Consejero Ercoreca que, en lo que respecta a los conflictos en la Administración de Justicia, ha desplegado sus mejores habilidades: empezar con buenas palabras para terminar por no cumplirlas.
Estando así las cosas, el colectivo de médicos forenses se ha rearmado y a partir de hoy mismo van a manifestarse por las calles de Bilbao todos los días.
No olvidemos que el Gobierno Vasco, aunque esté en funciones, sigue teniendo un mandato del Parlamento Vasco por cumplir. Y si el PNV se empeña en desoír lo que la mayoría ha acordado, el colectivo de médicos forenses también se empeñará durante toda la campaña electoral en recordárselo.