La propuesta de moción presentada y avalada por la firma de las trabajadoras es la siguiente:
El Ayuntamiento es el titular en la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Bilbao. El Ayuntamiento subcontrata la prestación del servicio, mediante licitaciones con mercantiles. La prestación directa del mismo la realizamos auxiliares domiciliarias que trabajamos por cuenta de las mercantiles.
Desde el año 2009, el número de horas de servicio otorgadas por el ayuntamiento ha descendido constantemente, suponiendo un 30% menos de horas de servicio. Ello, ha tenido consecuencias negativas, en el plano asistencial y en el plano laboral.
En relación al plano socio – asistencial:
• Ha supuesto una reducción en el nivel de protección a un colectivo cada vez mayor, ya que las horas de servicio son menos, así como una disminución en la calidad del servicio, ya que además de la reducción de horas, por cada hora de trabajo se realizan más funciones.
En el plano laboral, quienes llevamos desempeñando este fundamental servicio durante décadas, casi en su totalidad, mujeres, hemos sufrido una pérdida de empleo y de derechos laborales año tras año.
• Se ha despedido de manera masiva a trabajadoras con contratos eventuales, mayoritariamente en fraude de ley. La contratación eventual, es la política de contratación predilecta de las empresas. Por la cual se arrojan un mecanismo adecuado de flexibilidad, contratando a trabajadoras con jornadas parciales y a la carta, aunque no exista causa real y se encuentren en fraude de ley, e incluso incumpliendo los mínimos establecidos en el Convenio Colectivo de aplicación. A día de hoy, las empresas se niegan a regularizar este tipo de contratos en fraude de ley, así como a acordar con la Representación Legal de los y las Trabajadoras, bolsas de trabajo garantistas para estas trabajadoras.
• No se garantizan las horas que por contrato tenemos, siendo modificadas nuestras condiciones, descolgándose del Convenio Colectivo, perdiendo salario y cotización. Un alto porcentaje de trabajadoras realiza actividad a jornada parcial.
• En los últimos tres años, además de empeorar nuestras condiciones laborales, hemos perdido casi un 3% de poder adquisitivo, como consecuencia de la congelación salarial de los años 2013 y 2015, con la excepción de 2014, cuando se actualizaron 8 € mensuales a jornada completa.
• Las empresas achacan a las trabajadoras y a la Representación Legal de los y las Trabajadoras el alto índice de absentismo, motivado por contingencias comunes y profesionales. Sin embargo, no encontramos en ellas voluntad para cumplir con sus obligaciones y garantizar a las trabajadoras las medidas preventivas adecuadas para que no sufran ningún daño por el hecho de realizar su trabajo.
Las plantillas están compuestas casi en su totalidad por mujeres, con muchos años de servicio, los cuales se manifiestan negativamente para la salud de estas. Las dolencias músculo esqueléticas, entre otras, son el origen para que en muchas ocasiones, se cese en el trabajo voluntariamente y se soliciten jubilaciones anticipadas con la pérdida de derechos que suponen la mismas.
¿Cómo es posible que se esté dando esta situación, cuando es cada vez mayor el número de personas que necesitan de protección para hacer frente a los diferentes niveles de dependencia que padecen? ¿Cómo es posible, que siendo un servicio social público, se abandone a las prestatarias del servicio a la suerte de las mercantiles?
Paralelamente, según se recorta el Servicio de Ayuda a Domicilio, según un informe de la Diputación Foral de Bizkaia, el 46% de las personas que manifiestan algún grado de dependencia en el territorio no reciben ningún tipo de servicio externo.
Mientras el Servicio de Ayuda a Domicilio se deteriora y con él nuestras condiciones laborales, la Diputación de Bizkaia destina cada año una mayor partida ampliable para los cuidados en el entorno familiar. Una prestación económica de carácter excepcional, conforme a la Ley de Dependencia.
Ayuntamientos y Diputación son responsables del servicio en cuanto titulares de éste, servicio que externalizan dejándolo en manos de empresas privadas, muchas veces con escasa solvencia social. Éstas priman los beneficios frente a la calidad del servicio y las condiciones en las que se presta. Las empresas mercantilizan el servicio.
El SAD así como otros servicios son una oportunidad para la generación de empleo ahora que tanto se necesita, demostrando que el sector público debe ser motor de la economía garantizando además unos cuidados a las personas que lo necesiten de calidad, esto es dotando de la suficiente cobertura a las personas.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento asume los siguientes:
ACUERDOS
• Que se garantice el cumplimiento del convenio colectivo de aplicación en los pliegos.
• A subrogar a todo el personal, auxiliar y técnico y a garantizar las horas que tengan por contrato.
• A iniciar un proceso de reversión del servicio, para que sea gestionado directamente por los municipios y subsanar la actual mercantilización del servicio que ha generado dejar el mismo en manos de un grupo de empresas de escasa solvencia social, mejorando la calidad del servicio y las condiciones laborales de las auxiliares.
• Transitoriamente, a garantizar cuantas horas de servicio tengan por contrato las auxiliares. Aumentando la intensidad de horas de servicio y ampliando el número de personas usuarias, no como en la actualidad, que se aumenta la intensidad del servicio por cada hora.
• A mediar en la Negociación Colectiva Sectorial al objeto de garantizar una mejora sustancial de las condiciones laborales.
• A regular la contratación eventual, siempre que se precise, mediante bolsas de trabajo acordadas con la Representación Legal de los y las Trabajadoras, superando la unilateralidad en la contratación por parte de las empresas y dotando del mayor grado de estabilidad al personal eventual.
• A garantizar un servicio libre de daños para la salud de las trabajadoras, adoptando por parte de las empresas las medidas preventivas adecuadas a tal efecto.
• Garantizar el control público respecto al cumplimiento de los estándares fijados para la prestación del servicio y de la normativa laboral, mediante mecanismos estrictos.
• Evaluar la prestación del servicio periódicamente, con la participación de todas las partes, y mecanismos adecuados para ello.