Ante las noticias que hemos conocido sobre el TAV durante los últimos días, LAB, además de reclamar responsabilidades políticas, exige que se realice una AUDITORIA SOCIAL, que se cancelen definitivamente tanto las obras como las licitaciones y que el dinero público presupuestado el presente año para el TAV se destine a gastos sociales.
En cualquier caso, no se debería haber hecho. En numerosas ocasiones hemos indicado que el Tren de Alta Velocidad perjudica a la sociedad vasca socialmente, económicamente y ecológicamente; además, no nos soluciona el problema del transporte, en todo caso, sólo lo aumentaría. Nos han impuesto de nuevo, a las y los trabajadores y a la ciudadanía en general, un gigantesco e irreversible perjuicio, en forma de hormigón. Siempre hemos sabido de las relaciones y favores existentes entre la administración y las empresas de la construcción. Ahora, todo ello ha quedado en evidencia, y prueba de ello es el puente de Zaratamo.
Además sabemos que esta no será la última noticia, de este tipo, que recibamos. LAB lleva años denunciando que este macro proyecto sólo responde al interés de unas pocas empresas de la construcción, y que la administración les regala, a nuestra costa, millones de euros provenientes del erario público. Pues basta ya! Exigimos que de ahora en adelante y durante el presente año se retire la partida destinada a esta infraestructura de los presupuestos públicos y que sea utilizada en el tan necesario gasto social.
Hace tiempo que vemos que se está cumpliendo lo que veníamos diciendo: la Guardia Civil y la fiscalía están investigando a la empresa pública española Adif, por un posible desvío de dinero público; todavía, el gobierno del estado, no ha liquidado las deudas económicas contraídas con el Gobierno Vasco en las obras del TAV; al mismo tiempo, Lakua debe pagar diferentes créditos contraídos para pagar el desarrollo de las obras del TAV; la fiscalía está investigando la empresa Corsán-Corvian por supuestos delitos de corrupción en las obras del TAV y por lo que sabemos, esta empresa es la encargada de cuatro zonas en el TAV de Euskal Herria; y ahora sabemos que el puente de Zaratamo no se utilizará.
Es una vergüenza que se despilfarre el dinero público de los y las contribuyentes en una obra faraónica innecesaria; no tiene nombre que entre la empresa privada y la administración pública, por intereses especulativos, roben a la ciudadanía y a la clase trabajadora.
LAB reclama que además de los casos que están siendo investigados, se investiguen todos los contratos que han pasado por las manos de ADIF. Junto a ello, también pedimos la realización de una auditoría social ante esta grave situación; puede que este supuesto caso de corrupción sea la punta del iceberg. Por lo tanto, creemos que es totalmente necesaria la realización de una auditoría que garantice la participación de los agentes sindicales y sociales. Asimismo, requerimos a los Gobiernos realizar un informe sobre la viabilidad del mismo TAV. También creemos necesaria la participación de dichos agentes en la elaboración del informe. Pues hoy es el día, en el que teniendo en cuenta el despilfarro de dinero público, se nos oculta en qué medida se está hipotecando el futuro de la sociedad vasca.