El pacto fiscal entre PNV y PSE, aunque con retraso, nació con un reconocimiento implícito de culpa por la política fiscal desarrollada durante décadas, una política cuyo objetivo no ha sido otro que conceder un tratamiento privilegiado a las rentas del capital, las grandes fortunas y los beneficios empresariales.
No obstante, de vuelta a Ajuria Enea y acuciado por las necesidades presupuestarias, el PNV ha abandonado su obstinada negativa a incrementar los impuestos mientras gobernaba el PSE, y ha apostado por un incremento limitado de la presión fiscal que fundamentalmente recaerá sobre las rentas del trabajo.
En este sentido, es evidente que el pacto PNV-PSE se ha visto arrastrado por las medidas aprobadas en Gipuzkoa; aunque han optado sin disimulo por enseñar el plumero y proponer un tratamiento fiscal más favorable para las rentas del capital y los beneficios empresariales.
Ahora es el PP quien se suma al pacto a cambio de abundar y profundizar en los aspectos más regresivos del acuerdo original: se reduce la progresividad sobre las rentas del capital y se introducen ayudas fiscales adicionales en el impuesto de sociedades.
Cabe recordar que la propia Diputación de Araba cuantificó el impacto de la reforma del Impuesto de Sociedades propuesta en el acuerdo PNV-PSE y llegó a la conclusión de que supondría una minoración de la recaudación. Por lo tanto, es de suponer que con los nuevos incentivos fiscales introducidos por el PP la recaudación por este impuesto será todavía menor.
Sin duda estamos ante un pacto político que no se circunscribe únicamente a la fiscalidad, pero en lo que respecta a esta materia queda de manifiesto la preocupación de los tres partidos por los intereses de la burguesía y de las clases medias y altas, no así por los de la clase trabajadora y los sectores populares.
Euskal Herria, 8 de octubre de 2013
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