En este 28 de abril, día internacional de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos que seguir denunciando que las condiciones de trabajo de la clase trabajadora han empeorado. Este hecho, unido a la dejación y la complicidad de las administraciones públicas y a la falta de prevención real en las empresas, da como resultado un incremento del número de enfermedades y accidentes laborales, aunque a menudo no se reconozca su origen laboral y se les derive al sistema sanitario público.
Responsables directos de esta mala práctica son las mutuas. Estas asociaciones de empresarios, que la ley define sin ánimo de lucro, colaboran en la gestión de dinero público de la Seguridad Social y tienen plenos poderes en las contingencias profesionales. Y en las de origen común someten a la clase trabajadora a un control exagerado e indiscriminado.
En sus actuaciones buscan reducir tanto sus costes como los de sus empresas asociadas a la mínima expresión, y que las trabajadoras y trabajadores vayamos a trabajar sin estar en condiciones de hacerlo. Son bastante habituales las terapias de choque como infiltraciones, o las altas tempranas o económicas, negar los riesgos profesionales durante embarazo y lactancia o negar el origen laboral de los daños a la salud y remitirlos al sistema público para que los pague la sociedad, etc.
Este es el motivo por el que existe un subregistro de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Las mutuas solicitan a las empresas que asignen un nuevo puesto de trabajo temporal a los trabajadores y trabajadoras accidentadas con el objetivo de encubrir el accidente. Y sobre las enfermedades profesionales, existen cálculos que estiman en más de 18% los gastos sanitarios directos que asume el sistema sanitario público por este tipo de patologías que debieran ser costeadas por las mutuas, sin que ninguna administración actúe frente a este fraude de ley.
A estas malas prácticas actuales de las mutuas hay que sumar las que a lo largo de los próximos meses y años vendrán, ya que distintos borradores sobre una futura Ley de mutuas y un real decreto sobre la incapacidad temporal indican que van a dotar de mayor poder de actuación a estas asociaciones de empresarios, vaciando de contenido y competencias a los sistemas públicos de salud y sus profesionales (Osasunbidea y Osakidetza). Basándose en el falso argumento del ahorro en la actual situación económica y de la sospecha de fraude por parte de los y las trabajadoras hacia el sistema público, quieren descapitalizar lo público y entregarle el negocio al ámbito privado, también en temas básicos como la salud.
Las nuevas competencias para las Mutuas supondrán un mayor poder de control hacia la clase trabajadora: obligatoriedad de hacerse reconocimientos en contingencias comunes, posibilidad de prácticamente dar altas, libre acceso a toda nuestra historia clínica de los servicios públicos de salud, decidir si una baja es de origen común o profesional, altas económicas, sanciones por no acudir a una cita, aunque se esté impedido para hacerlo.
En definitiva, tanto el modelo actual como sus constantes reformas van hacia el desmantelamiento del sistema público: avanzamos hacia un modelo privado y economicista de la salud, en el que se les va a dar todo el poder a esas asociaciones de empresarios que son las mutuas, sin ningún control, sin perseguir el fraude en el registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Todo ello bajo la excusa de la mejor gestión “privada” que la pública, pero ocultan los costes que la sociedad paga por sus altas tempranas, despidos de personas enfermas o secuelas evitables.
Todo ello en un contexto general de pérdida de derechos de la clase trabajadora, con aumentos de jornadas, disminución de salarios, desmantelamiento de la negociación colectiva… En definitiva, una precarización galopante que genera indefensión entre las trabajadoras y trabajadores a la hora de poder reclamar nuestros derechos y también en el ámbito de la salud.
Desde LAB vamos a continuar luchando en contra de estas asociaciones empresariales, reclamando el impulso firme del Marco Vasco de Relaciones Labores y de Protección Social, que nos permita decidir nuestro propio modelo preventivo y sanitario, independiente, universal, participativo, público, libre de mutuas, de atención integral, donde la salud de la clase trabajadora sea un derecho en sí mismo y no esté condicionada por factores económicos, sino únicamente por criterios de salud.
