Cargos de nombramiento político en EITB han jugado con dinero público y es necesario depurar responsabilidades

Detalles de la querella
Esta querella se admite a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbao, mediante auto de 26 de febrero de 2013 y se abren las Diligencias Previas 583/2013. Este auto considera que los hechos que recoge el sindicato LAB en su querella revisten en principio los caracteres de dos posibles delitos:

– un delito societario y
– un delito por de malversación de caudales públicos.

En principio hay una persona imputada JUAN LUIS DIEGO CASALS, la cual esta citada para declarar el próximo dia 15 de marzo. Esta persona ostentaba el cargo de Director gerente de EITB cuando se producen los hechos. Es la persona que materializa el aval de 700.000 euros en contra de EITB a favor de la sociedad VILAU MEDIA en la que además aparece como miembro de su consejo de administración.

En el auto del juzgado se justifica su imputación porque como recoge textualmente “los indicios racionales de criminalidad en al actuación del querellado resultan sustancialmente de que consta en la documentación que , en nombre de la entidad EITB, el querellado formalizó el aval, de modo que ha resultado comprometido capital importante de la entidad pública”. Dado el ámbito de actuación, una entidad pública, y las normas de aplicación, en principio, y sin perjuicio de lo que resulte en el curso de la instrucción, existen indicios de que la actuación de concesión del aval a una entidad privada en la que el querellado tenía intereses, podría ser constitutiva de los delitos reseñados”.

Por lo tanto en el curso de la investigación judicial deberán aclararse cuestiones importantes entre ellas:

– Quien toma la decisión en EITB de conceder el aval a favor de la empresa VILAU. Ha de tenerse en cuenta que si bien por el momento la persona imputada es el señor JUAN LUIS DIEGO CASALAS por ser quien formaliza dicho aval, el mismo actua en nombre y representación del ente público y por lo tanto apoderado para comprometer patrimonio público.

– Por que personas con altas responsabilidades en EITB (designadas en su dia por quien fue su Director ANDONI ORTUZAR) forman a su vez parte de forma personal en la sociedad mercantil a cuyo favor conceden el aval. Esta es la situación no solo de la persona imputada sino también del recién dimitido para la nueva dirección de EITB MIKEL AGIRRE, que además de Director de Explotación del ente público, formaba parte del Consejo de administración de la empresa en cuestión.

Un dato, la dimisión del Sr. Agirre y el auto judicial de admisión a trámite de la querella presentada por el sindicato LAB, tienen la misma fecha: 26 de febrero.

Responsabilidades más alla de las jurídico-penales
Lo que en cualquiera de los casos y al margen de las responsabilidades jurídico-penales en las que hayan podido incurrir, de lo que no nos cabe ninguna duda es de que detrás de todo esto lo que sí hay son responsabilidades políticas muy graves, responsabilidades que deberían aclararse y depurarse hasta la última de las consecuencias.

Porque en todo este caso de VILAU lo que sí ha quedado meridianamente claro es que determinados cargos, cargos de nombramiento político (entre ellos Jose Luis Diego Casals y Mikel Agirre que no nos olvidemos que a sabiendas de todo esto era el candidato acordado entre el PNV y el PSE para seguir dirigiendo el ente), han jugado con dinero público. Que han jugado con dinero público y lo han hecho además sin el consentimiento de nadie, es más, ¡de espaldas y a escondidas del Consejo de Administración de EITB!. Que además lo han hecho en interés particular de una empresa de la que ellos eran miembros. Han jugado y han perdido dinero público, de todas y todos, y tal y como ya ha indicado Jon Otegi han dañado también a la propia plantilla eliminando programas y suspendiendo contrataciones. ¡Y curiosamente estos son los mismos que ahora nos dicen que hay que hay que recortar el presupuesto de EITB en un 20%!. Que reconozca el PNV que una parte importante de los recortes se debe a esto, se debe a – cuando menos – una mala y – vamos a dejarlo – en oscura gestión del caso VILAU, que lo reconozcan porque hasta el momento sólo lo han tapado. Que no nos digan eso de que los recortes son inevitables y vienen del cielo, no, los recortes, todos, no sólo estos, siempre son la consecuencia directa de unas políticas que partidos como el PNV han desarrollado durante años: la política al servicio de intereses particulares, la política de privatizaciones para enriquecer a unos pocos a la larga genera crisis, y después es opción suya además aplicar recortes.

Por lo tanto, hay responsabilidades políticas, y exigimos que se depuren donde y como corresponda.

Por otro lado desde LAB pensamos que el caso VILAU ni es un caso aislado, ni es tampoco ni casual ni ciencia infusa.

Todas estas cosas suceden porque hay un modelo imperante de gestión de la cosa pública que de manera estructural lo permite, o lo que es peor, un modelo de gestión de los servicios públicos que está diseñado para poder hacer estas cosas.

Nos estamos refiriendo a que en este país principalmente por parte del PNV se ha impulsado el modelo de la privatización de los servicios públicos como instrumento para alimentar el clientelismo político, y para evitar el control directo de la ciudadanía sobre los mismos. Y esto no es, por mucho que algunos se empeñen en repetirlo durante la campaña electoral, ni de lejos saber gestionar lo público. ¿Porque si no cómo se entiende que en casos como este perdamos 700.000 euros y ahora se nos diga que hay que recortar?

Por lo tanto pensamos que hay que exigir responsabilidades políticas a aquellos cargos políticos que de una manera u otra hayan tenido algo que ver en todo esto, pero más allá de esto, pensamos que hay que hacer una seria reflexión sobre el modelo de servicios públicos que queremos construir, y si nos ceñimos a este caso el modelo de proyecto comunicativo público que queremos construir, un modelo que a nuestro juicio pasa por la no privatización sistemática, y sobre todo por la gestión de todos los servicios públicos desde no sólo el control, sino la participación de trabajadoras y trabajadores y de la ciudadanía en general, y no dejándola sólo en manos de el gobierno de turno.

Desde LAB hace ya mucho tiempo que venimos advirtiendo de a lo que se presta la privatización, de lo que supone, y por eso llevamos tiempo planteando en todas las mesas de negociación del ámbito público (ayuntamientos, diputaciones, adminstraciones autonómicas, …) la exigencia primordial de no privatización, y también la adopción de medidas para una gestión más social o comunitaria de los servicios públicos.

Por todo esto es por lo que nos hemos querellado, por todo esto estaremos pendientes y vigilantes del caso durante todo el proceso, para evitar que vuelvan a perjudicarse los derechos de trabajadoras y trabajadores, y para impulsar que todo esto sirva para la construcción de otro modelo de servicios públicos.

Para terminar decir que somos bastante escépticas en relación al acuerdo del PSE y el PNV para el nombramiento de la directora general de EITB, de este acuerdo sólo conocemos a la candidata pero no sabemos nada de qué proyecto quieren impulsar, no sabemos si se van a tener en cuenta sí o no las medidas propuestas por LAB para construir otro proyecto para una EITB verdaderamente pública, ni si harán o no algo para depurar las responsabilidades políticas del caso VILAU, mucho nos tememos que no lo van a hacer.

Además no entendemos cómo en su día el PSE cuando se enteró de todo esto no sólo no lo denunció públicamente y no exigió responsabilidades, sino que además aceptó el nombramiento para director general de una persona relacionada directamente con el caso VILAU, y tampoco entendemos cómo cierra un acuerdo con el PNV ahora que todo esto se ha hecho público, y de momento no se ha aclarado.